En imagen, de izquierda a derecha, los asambleístas Marlon Cadena, Salvador Quishpe y Juan Fernando Flores. Foto: EL COMERCIO
El oficialismo no consiguió una tregua del correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) en la Asamblea. La intención era abrir paso al tratamiento del proyecto de Ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza que permanece entrampado por la disputa por la Presidencia de Guadalupe Llori (PK).
Juan Fernando Flores, coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, convocó a una reunión a los jefes de bloque en el séptimo piso del Palacio Legislativo este martes 31 de mayo. No acudieron ni Esteban Torres, del PSC, ni Marcela Holguín, de UNES, que lideran la mayoría de oposición.
Solo llegó Marlon Cadena, de la Izquierda Democrática (ID) a la hora prevista. Salvador Quishpe, de Pachakutik, se incorporó después, aunque la bancada se resistía. Ellos esperaron a los demás por más de media hora, pero nunca llegaron ni tampoco presentaron sus excusas.
#Asamblea | El jefe de bloque oficialista, Juan Fernando Flores, convocó a reunión a las bancadas, por crisis política. Solo asistieron Salvador Quishpe, de Pachakutik y Marlon Cadena, de la ID. «Salgamos del entrampamiento», pide el legislador.
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Confrontación
“A nosotros no nos vienen a condicionar absolutamente nada”, reaccionó Holguín. “Si es que ellos quieren que se trate esta ley, si es que ellos quieren que realmente la Asamblea empiece a funcionar, entonces, primero hagan lo que tienen que hacer, que es que se pueda dar paso al informe” que recomienda la destitución de Guadalupe Llori.
Igual criterio tuvo Luis Almeida, del PSC. “Todo eso es cuento. El oficialismo lo que quiere, es decir: pongamos el uso progresivo de la fuerza y después la sacamos a la señora Llori, y eso no puede ser: tiene que ser primero lo uno”, remarcó.
Almeida presentó al juez de la unidad judicial de Quitumbe (sur de Quito), Pedro Troya, un pedido para que revoque las medidas cautelares concedidas a Pachakutik para anular el informe de la comisión ad hoc que recomendó la destitución de Llori por supuesto incumplimiento de funciones.
#Asamblea | «Ya basta de tanto desorden», pide el jefe de bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe, en reunión con bancadas del oficialismo y la Izquierda Democrática.
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La disputa que mantiene el oficialismo, la ID y Pachakutik, que defienden a Llori, y el correísmo, el PSC y disidentes de Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID), que buscan la salida de la presidenta Llori, ya cumple 96 días desde el fallido primer intento de evaluar al CAL.
“Ya basta de tanto desorden”, pidió Quishpe. “Salgamos de este entrampamiento”, demandó Flores. Pero en la reunión no hubo acuerdos concretos, pues en la oficina de Flores solo estuvieron las fuerzas políticas que el 15 de mayo de 2021 designaron a Llori en el cargo.
#Asamblea | «A nosotros no nos vienen a condicionar absolutamente nada». La respuesta de Marcela Holguín, jefa del bloque correísta, a las bancadas del BAN, Pachakutik e ID.
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Ley bloqueada
Así, la intención de la Comisión de Seguridad de la Asamblea de que el proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza se aprobara hasta este mes de mayo no se cumplió. La propuesta fue presentada por el presidente Guillermo Lasso, el 25 de enero pasado.
“Hace 10 días la comisión ya aprobó el informe para el segundo debate y hasta hoy no hay una convocatoria con fecha y con hora para que este tema sea tratado en el Pleno de la Asamblea”, dijo el presidente de la mesa, Ramiro Narváez (ID).
El primer debate en el Pleno estuvo agendado para el 24 de febrero en la sesión 770 del Pleno, pero eso se concretó seis semanas después, debido a que fue suspendida por la presidenta Llori en medio de gritos e incidentes en el hemiciclo.
A la comisión le tomó solamente 30 de los 90 días que tenía para elaborar el informe para el debate decisivo. Según el Ejecutivo se trata de una herramienta clave para enfrentar la inseguridad.
Sobre la progresividad del uso de la fuerza, el proyecto contempla que no será necesario que el delincuente dispare antes que el uniformado, sino que esto se dará en función de niveles de riesgo o de peligro.
Además, la Policía podrá repeler con un arma diferente al del sospechoso. En caso de una investigación, el policía podrá defenderse en libertad y no será despedido inmediatamente hasta que terminen las investigaciones.
Sin embargo, Patricia Núñez (Unes), una de las integrantes de la comisión, explicó que uno de los nudos críticos se centra en los lineamientos para la actuación de los uniformados en protestas.
También se plantea la creación de un grupo táctico de agentes penitenciarios que, a diferencia de los guías, podrá usar armas para disuadir amotinamientos.
En la jornada de este martes se retomaron dos sesiones del Pleno. Una fue para aprobar el precio de sustentación de la leche cruda. De esta forma, el productor recibirá el 52,4% del precio de venta al público por cada litro.