
Esta Misión la integran ocho voluntarios de nacionalidad argentina, expertos en distintos ámbitos. Foto: Dayana Vinueza / EL COMERCIO
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos llegó al Ecuador para recorrer las distintas zonas que están en conflicto durante las movilizaciones. Los delegados recogerán testimonios de las víctimas y de personas a las que, aparentemente, se hayan vulnerado sus derechos.
Esta Misión la integran ocho voluntarios de nacionalidad argentina, expertos en distintos ámbitos. Los especialistas han participado anteriormente en otras manifestaciones sociales en Colombia y Bolivia, por lo que vienen a aportar con su experiencia en el área.
En una rueda de prensa, realizada este sábado 25 de junio de 2022, los miembros de la Misión señalaron que se reunirán en territorio con distintos actores como las organizaciones indígenas, de la sociedad civil y autoridades de Gobierno. Los expertos han enviado cartas para solicitar una reunión, con la intención de analizar lo que está pasando en el país y cómo se han vulnerado los derechos de las personas.
“Nuestra función es hablar con las víctimas y visibilizar internacionalmente lo que está pasando acá. Queremos ayudar y contribuir para que el Estado garantice la libre expresión para vivir con dignidad”, dijo Marianela Navarro, una de las integrantes de la Misión.
La delegada consideró que no se ha garantizado el derecho a la protesta. Manifestó que en el país ya han cientos de casos de desapariciones y ataques a zonas de paz, como las universidades donde los grupos indígenas descansan pacíficamente, acompañados de niños y personas heridas.
En este sentido, pidieron al Gobierno que respete las zonas de paz señaladas y que dejen de utilizar el uso progresivo de la fuerza contra los manifestantes. “Esperamos poder realizar nuestro trabajo con las garantías suficientes. Llegamos ocho y esperamos regresar los ocho”, manifestó Juan Grabois.
Los miembros de la Misión visitarán algunos barrios populares, zonas de paz como la Casa de la Cultura, la Universidad Salesiana, la Universidad Central y otros lugares en los que se encuentran víctimas de la violencia como casas de salud, entre otras.
“Nuestro trabajo va a ser recibir denuncias de las víctimas en el territorio. La situación está vigente, y vamos a preservar la identidad de las víctimas que denuncien, como también poner a disposición canales para recibir también esas denuncias”, adelantó por su parte Pablo Garciarena.