Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), fue elegido presidente el pasado 5 de febrero de 2021, en sesión extraordinaria. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Tribunal de Apelación de la Corte de Azuay emitió, este jueves 7 de julio del 2022, una resolución a favor del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela.
Los jueces provinciales Jenny Ochoa, Juan Carlos López y Julia Vásquez otorgaron una acción de protección al titular del alto Tribunal. Por lo tanto, los magistrados determinaron que hubo una “vulneración del derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, al derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público”.
Ese pedido de acción de protección fue solicitado por Saquicela en mayo pasado, luego de que el Consejo de la Judicatura lo suspendiera de su cargo por 90 días.
Todo ocurrió el 19 de mayo de 2022. En ese momento, el abogado Alex Guamán presentó en la Judicatura una denuncia por presunta manifiesta negligencia en contra de Saquicela.
La falta disciplinaria por la que fue señalado tuvo relación con un supuesto retardo en la tramitación de la extradición del expresidente Rafael Correa, desde Bélgica.
Tras conocer esa queja, el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo y el vocal Juan José Morillo suspendieron a Saquicela de su cargo por tres meses, sin sueldo.
Sin embargo, el 29 junio del 2022, el Pleno de la Corte Nacional coincidió que Saquicela no cometió la infracción de manifiesta negligencia. Con esta resolución judicial, la Judicatura levantó la medida de suspensión y también archivó la denuncia de Guamán.
Por eso, el pasado 4 de julio, Saquicela regresó a trabajar en la Corte Nacional. En la acción de protección otorgada por la Corte del Azuay también se dispone que él sea restituido de manera inmediata en su cargo.
Además, los jueces ordenaron que se le cancele todo el dinero que no percibió durante el tiempo que estuvo suspendido y también todos los beneficios que por ley le correspondía.
También dispusieron que el Pleno del Consejo de la Judicatura, a través de la página web y redes sociales de esa institución, pida disculpas públicas a Iván Saquicela y a la Función Judicial.
Esas disculpas también deben difundirse en uno de los medios de prensa escritos de mayor circulación del país. La Judicatura tiene un plazo de 30 días para cumplir con esa disposición.
En la resolución de la Corte del Azuay también se menciona lo siguiente: “El daño emocional que causa la suspensión puede ser incalculable y depende mucho de la personalidad de cada individuo, sin embargo, durante este tiempo el accionante (Saquicela) ha tenido que afrontar a la opinión pública que le causó daño, por lo que deberá recibir apoyo necesario por profesionales en la materia por el tiempo que se considere necesario”.
Los valores de ese tratamiento deberán ser cubiertos por los vocales de la Judicatura que tomaron la decisión de suspenderlo.