Fachada del edificio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas, en Sangolquí. La entidad entró en proceso de liquidación forzosa. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO
Hasta junio de 2022 se registraron 464 entidades en el sistema de financiero de economía popular y solidaria. Cuatro de ellas son mutualistas y 460 son cooperativas. Según la entidad que las controla, el sector goza de buena salud, pese a últimos acontecimientos como el cierre forzoso de la Cooperativa Juan de Salinas, del cantón Rumiñahui, en Pichincha.
Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), el sector tiene activos por más de USD 23 600 millones y la cartera de crédito es de USD 18 539 millones, lo que muestra solidez.
Desde que la SEPS inició los controles a las cooperativas de ahorro y crédito, en 2012, cerraron o se fusionaron 486, pequeñas o con problemas financieros. El 95% de los cierres se registró hasta 2020. Desde enero de 2021 se han liquidado de forma forzosa 24 cooperativas.
La última en cerrar fue la Cooperativa Juan de Salinas, el pasado 9 de agosto de 2022. Para Édgar Peñaherrera, director ejecutivo de la Red de Integración de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), la situación de esta entidad es un caso aislado, ya que el sector se ha recuperado tras la pandemia del covid–19, que golpeó duramente a estas instituciones. “Hay que destacar que todas las cooperativas están debidamente reguladas. De acuerdo con su tamaño se aplica la intensidad en las regulaciones. Siempre hay algún caso aislado de una cooperativa mal administrada”, señala Peña Herrera. Agrega que los procesos de control se vienen dando desde 2012 y “buscan que queden las cooperativas buenas, fuertes, sólidas. Se redujo a menos de la mitad (las cooperativas) en el proceso, pero el número de socios y de certificados de aportación sigue creciendo”.
Actualmente, el sector cuenta con unos 5 300 000 personas que pertenecen a este sistema, frente a 336 002 de hace diez años. Además, se registran más de 9 millones de certificados de aportaciones, según la SEPS.
Situación de la Cooperativa Juan de Salinas
Franklin Ayala, exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas (cantón Rumiñahui, Pichincha), presentó una segunda acción de protección para impedir la liquidación forzosa de la entidad. El trámite se inició el pasado 18 de agosto de 2022, según la página de la Función Judicial. El exgerente de la cooperativa busca dejar sin efecto la decisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esta dispuso, por segunda ocasión, el cierre forzoso de la entidad, que presenta indicadores de solvencia menores al 9% (mínimo requerido) y por incumplimiento del programa de supervisión intensiva.
El proceso de supervisión de la Cooperativa Juan de Salinas se inició en 2019 y concluyó con una primera resolución de liquidación en diciembre de 2021. La cooperativa presentó una acción de protección por violación de derechos constitucionales, un juez falló a su favor y se les permitió seguir operando. El pasado 9 de agosto de 2022, la SEPS resolvió nuevamente su liquidación forzosa. Según la institución, la entidad presenta pérdidas por más de USD 1,9 millones.
La Cooperativa Juan de Salinas no es la primera que interpone una acción de protección para evitar que la SEPS ejecute el control. Tres cooperativas emprendieron acciones legales para evitar su liquidación: la Cooperativa de la Armada Nacional de Guayaquil y la Cooperativa Don Bosco, en Quito. Las acciones judiciales retrasan la entrega de los ahorros a los socios, a través del seguro de depósitos.
Puntos de vista
‘La situación podría volverse muy grave para los socios ’
Margarita Hernández / Superintendenta de Economía Popular
“El exgerente de la Cooperativa ha vuelto a presentar una acción de protección constitucional en contra de esta nueva resolución de liquidación forzosa.
Esto nos preocupa muchísimo, porque el mensaje que se está dando es que una entidad, sin importar su situación financiera, por disposición judicial podría volver a operar. Eso significa captar más depósitos y colocar los recursos que tiene en nuevos créditos, a pesar no solo de su situación financiera, sino de la claridad de la normativa legal que obliga a que una entidad en esa situación sea liquidada. La situación podría volverse muy grave, no solo para los socios de la entidad, sino para lo que representa en la seguridad jurídica para las entidades y socios del sector”.
‘Para emitir la resolución se violaron varios derechos’
Álvaro Lara / Abogado de la Cooperativa Juan de Salinas
“Hemos presentado una acción de protección sobre la resolución de liquidación. Estamos esperando que el juez admita a trámite, creemos que podría ocurrir hasta el lunes 22 de agosto de 2022. El objetivo de que un juez de Garantías Constitucionales conozca nuestra petición es porque creemos que para la emisión y entrega de esta resolución se violaron varios derechos constitucionales; como por ejemplo el derecho a la debida defensa, a la seguridad jurídica y al debido proceso. Mientras el juez no ordene medidas cautelares, el proceso de liquidación forzosa debe continuar y se está llevando a cabo según lo previsto por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria”.