La doctora Marcela visita a Angélica para revisar sus cicatrices. También le dan acompañamiento sicológico por la muerte de su hija. Foto: El Comercio
Angélica lleva el pecho marcado por cicatrices. Su piel cobriza ha sanado, pero la huella de las esquirlas difícilmente se diluirá. Cada vez que descubre el borde de su camiseta, recuerda la madrugada del 14 de agosto.
“Estaba empapada en sangre y no podía ver. Era irreconocible; mi nieto dijo que parecía un monstruo”, cuenta mientras la doctora Marcela (nombre protegido) recorre con sus dedos las marcas rugosas que le dejaron las suturas. A pesar de que este Diario obtuvo la autorización para publicar los nombres del personal de salud y de los afectados, decidimos salvaguardarlos en medio de la escalada de violencia.
Una brigada de la Alcaldía de Guayaquil visita a Angélica en casa de su hermana, en la popular Calle 8. Ella vivía justo en junto a la acera del barrio Cristo del Consuelo donde lanzaron un artefacto explosivo que mató a cinco personas y dejó heridas a otras 20.
“Dios no me quiso llevar”, dice poco después de que un tensiómetro marcara una ligera elevación de su presión arterial. Ese martes tuvo un ataque de llanto al recordar a su única hija, una de las víctimas mortales.
Los médicos municipales han atendido a seis vecinos de la Calle 8, lacerados por los pedazos de vidrio y metal que salieron disparados como proyectiles en la detonación. También han llegado con atención sicológica para sanar el trauma causado por la violencia social.
Los sobrevivientes de atentados criminales necesitarán múltiples consultas médicas, con distintos especialistas, y pasar por largos procesos de rehabilitación.
El protocolo ATLS
El Abel Gilbert Pontón activó el protocolo de múltiples víctimas tras el atentado en la Calle 8. El equipo se redobló en este hospital público del Suburbio para recibir a 14 heridos: dos fueron a quirófano de inmediato, otros fueron a UCI y la mayoría pasó por curaciones más simples.
Pero también hay estrategias de atención para politraumatismos por armas de fuego. El cirujano Juan se especializa en Trauma y Emergencias. Calcula que reciben de dos a tres pacientes de distintos sectores de Guayaquil y provincias cercanas.
Es el protocolo ATLS (soporte vital avanzado para traumatismo), que en una revisión inicial aplica un ABCD para evaluar parámetros de vía aérea o ventilación, circulación sanguínea, problemas neurológicos y temperatura. “Así identificamos a los pacientes con riesgo de perder la vida y los atendemos más rápidamente”.
La gravedad depende de la localización de la lesión. Las heridas en el cráneo son más severas, con secuelas permanentes como pérdida del habla o estado vegetativo en quienes sobreviven.
Las heridas en el tórax suelen dejar problemas para respirar o dolor crónico cuando hay fracturas. En los abdominales se pueden requerir resecciones de tramos de intestino, causando problemas de desnutrición. Y las lesiones de extremidades es probable que terminen en amputaciones.
La rehabilitación es parte de la recuperación. Esta puede ser física, nutricional, respiratoria o mental.
En un hospital público de Guayaquil, el siquiatra Jonathan ha dado soporte en esta semana a un paciente que perdió un ojo en una balacera. La herida le ha dejado un cuadro de depresión.
Estrés postraumático, trastornos de ansiedad y hasta cuadros de psicosis son las repercusiones de la violencia social, ligados a problemas físicos que dejan una discapacidad. “La afectación depende de cómo ha sido su salud mental, incluso la habituación porque las personas que han estado expuestas a un clima de violencia responden de manera distinta”, cuenta el psiquiatra.
Pero no solo las víctimas requieren esta atención. El personal sanitario también sufre estrés, en especial cuando hay presión de grupos criminales que exigen que les salven la vida a sus miembros heridos en ataques.
En un hospital de Guayas, el personal de Emergencia hace descargas emocionales luego de atender a víctimas de intentos de sicariato. Tienen protocolos para llamar al ECU 911 por si detectan personas armadas alrededor o para pedir resguardo policial para las ambulancias.
“En marzo veíamos dos o tres heridos por sicarios, todos los días -cuenta un doctor-. Una vez le sacamos la bala a un paciente y pedía que le dieran el alta. Decía: ¡afuera me están esperando, me van a matar! Tuvimos que llamar a la Policía y sacarlo por otra puerta”.
La secuela social
20 segundos antes del estallido en la Calle 8, Carlos escuchó disparos. Empezó a correr y luego solo sintió que la onda expansiva lo elevó. Cuando se levantó del piso, tenía pedazos de metal incrustados en la espalda y en las piernas.
En un hospital cercano suturaron los cortes, aunque la mala limpieza quirúrgica le causó una infección que por poco llega al tendón de su pantorrilla. La brigada médica municipal detectó el problema y cada día lo visita en casa para las curaciones.
“¿Quién va a esperar casi un mes?”, dice junto a sus muletas cuando habla del empleo que perdió. “Yo mantenía a mis cuatro hijos, a mi esposa y a mi madre. Ahora vivo de lo que me da la familia y los vecinos porque nadie se acuerda de nosotros”.
La secuela social en este barrio del suroeste es evidente en los escombros que siguen allí, en los negocios cerrados, en los pilares perforados que sostienen letreros con la palabra: ¡Ayuda!
Uno de esos carteles cubre la fachada de la vivienda de Angélica. Todavía no sabe dónde vivirá con su nieto de siete años, ni cuánto tiempo tomará su recuperación. Su visión aún es borrosa y empeora cuando llora al recordar a su hija. “Si no volvía a ver, creo que me hubiera muerto”.
El Dato
Uno de los objetivos de la Agenda de Salud Sostenible de las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es reducir la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad por violencia hasta el 2030.