El 28 de abril pasado, el presidente Guillermo Lasso posesionó a Xavier Vera como ministro de Energía. Foto: Cortesía Presidencia
Karina Sotalín. Redactora (I)
Un día después de que la Fiscalía General del Estado realizó cuatro allanamientos dentro de la investigación por el presunto delito de cohecho, el Gobierno reaccionó este viernes 28 de octubre de 2022 con el anuncio público de que aceptaba la renuncia de Xavier Vera al Ministerio de Energía y Minas.
El caso surge a partir de la información difundida por el portal La Posta. Se trata de un audio en que supuestamente el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, menciona que Vera pedía dinero a cambio de cargos públicos. A esto se suma la denuncia de Adrián Z. sobre coimas que el exfuncionario habría solicitado por un puesto público en Imbabura.
En su renuncia, Vera señaló que tanto él como el Gobierno son víctimas de grupos desestabilizadores. “Doy un paso al costado, con el único fin de poder concentrarme enteramente en la defensa a las calumnias vertidas en mi contra”.
Iván Correa, secretario de la Administración Pública, fue quien confirmó la dimisión de Vera tras un análisis exhaustivo del caso. “Una vez que la Fiscalía ha actuado ya es un proceso legal. Y el Gobierno que respeta las leyes, actúa también frente a eso”, argumentó al enfatizar en la presunción de inocencia del exministro mientras no exista el dictamen de un juez.
El Secretario de la Administración Pública reiteró que el Gobierno ayudará en el proceso a la Fiscalía y todas las instancias públicas involucradas en la investigación del caso. Fernando Santos Alvite reemplazará a Vera en el cargo.
Proceso penal
Fausto Vásquez, abogado penalista, explicó que los allanamientos tienen por objetivo encontrar evidencias y corresponden a la etapa de investigación previa, que es de carácter reservado. Por el delito de cohecho, esta etapa puede durar cerca de dos años. Estima que Fiscalía aún no cuenta con suficientes elementos de convicción para formular cargos. Cree que le tomará entre dos o tres semanas para recabar más elementos, como la recepción de más versiones, porque se trata de un tipo penal especial pues hay un supuesto coautor que involucra a un autor, supuestamente Vera. Además, hay que observar si se configura un cohecho agravado o no.
En las diligencias, Fiscalía encontró dos celulares, una laptop, una tableta y documentos con registros alfanuméricos. Todo será ingresado en cadena de custodia. Lo siguiente será ordenar pericias y, con los resultados, probablemente el Ministerio Público pueda formular cargos, señaló Vásquez. Es decir, Vera aún no está procesado, sino que solo es un investigado. No obstante, ya hay efecto negativo para el Gobierno.
Menor legitimidad
El analista político Daniel Crespo recordó que el Ejecutivo desde hace meses acarrea un desgaste en popularidad, aceptación y manejaba su “carta de la incorruptibilidad”. El presidente Guillermo Lasso en varias ocasiones ha manifestado que en su Gobierno no se han comprobado casos de corrupción, pero con el caso de Vera termina por desmoronarse ese discurso.
Si bien al exministro no se le ha demostrado culpabilidad, el efecto político ya ocurrió y, si en unos meses lo declaran inocente, es poco lo que va a cambiar para el Gobierno, argumentó. Lasso “no puede permitirse quemar fusibles sin que representen un gran daño. Es una situación muy sensible para el Gobierno”, advirtió.
A eso le anteceden otros casos cuestionados, detalló Crespo: los asesores bajo la figura ad honórem, la presunta corrupción en el Servicio Nacional de Aduana y el caso del consejero Aparicio Caicedo por un audio filtrado.
Antecedentes
Vera fue designado como viceministro de Minas en julio de 2021, cargo que ocupó durante 11 meses hasta que en abril de 2022 se convirtió en el Ministro de Energía tras la salida de Juan Carlos Bermeo.
El cohecho está tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Estipula que “si el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años”. Pero “si la conducta descrita es para cometer un delito la pena va de cinco a siete años”.
La Asamblea impulsa un juicio político en contra de Vera.